La comunidad latina en Minnesota tiene miedo. La vida cotidiana se ha transformado en una sucesión de redadas migratorias, controles y presencia constante de agentes federales, en medio de una crisis social y legal sin precedentes.
La comunidad latina de Minnesota atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Tras semanas de una intensificación sin precedentes de los operativos migratorios federales, el miedo se ha instalado en barrios, escuelas y centros comunitarios.
Arrestos masivos, redadas, puntos de control y la presencia constante de agentes armados han transformado la vida cotidiana de miles de familias inmigrantes, muchas de ellas con estatus legal o incluso ciudadanía estadounidense.
«Pasamos de estar asustados a estar completamente paralizados», resume Grecia Lozano, portavoz y cofundadora de Latino Voices Minnesota, una organización que da apoyo directo a migrantes en el suroeste del estado. «Es mucho peor de lo que jamás vivimos en el COVID. La gente ni siquiera quiere asomarse a la ventana».
Redadas migratorias sin precedentes en Minnesota
La escalada comenzó el 1 de diciembre, cuando la Administración federal lanzó la llamada Operación Metro Surge, un despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en Minnesota. Desde entonces, según organizaciones locales y autoridades estatales, la presencia federal ha ido aumentando de forma exponencial.
Para la profesora de Derecho de la Universidad de Minnesota Ana Pottratz Acosta, esta ofensiva se está desarrollando en un marco de vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales. «Hemos visto muchas violaciones de derechos constitucionales, especialmente de la Cuarta Enmienda», afirma en una entrevista con ‘Euronews’. «Los agentes están entrando en casas sin orden judicial, y eso es claramente inconstitucional».
Pottratz Acosta subraya que muchas de estas actuaciones se apoyan en órdenes administrativas emitidas por las propias agencias federales, que no tienen el mismo valor legal que una orden judicial. «Una orden administrativa no tiene el mismo valor que una orden firmada por un juez, aunque el Gobierno actúe como si lo tuviera», explica.
Consecuencias mortales y denuncias de abusos constitucionales
En las últimas semanas, esta ofensiva ha derivado en consecuencias mortales. Días después de que Renée Good muriera tras recibir un disparo de un agente de inmigración, el sábado pasado otro agente federal mató a Alex Pretti en Minneapolis. Dos muertes que han elevado la tensión política y social al máximo.
Desde el punto de vista legal, Pottratz Acosta cuestiona la justificación del uso de fuerza letal. «No eran manifestantes. Eran observadores legales formados por la comunidad para observar y grabar abusos», afirma. «Observar y grabar a la Policía es un derecho protegido por la Primera Enmienda. No había justificación legal para el uso de fuerza letal contra esas personas».