La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió este 13 de julio una suspensión que impide al Congreso de Nuevo León destituir o inhabilitar al gobernador Samuel García Sepúlveda mientras se resuelve el fondo de la controversia constitucional 386/2026, promovida por el propio Ejecutivo estatal contra el juicio político iniciado en su contra.
La medida no paraliza el juicio político. El procedimiento legislativo puede continuar su trámite, pero cualquier sanción que derive de él —la separación del cargo o la inhabilitación del mandatario— queda suspendida hasta nuevo aviso del máximo tribunal.
El fallo fue notificado en la Lista Extraordinaria de Notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN.
La denuncia que originó el proceso fue presentada por Morena el 8 de junio. En ella se acusa a García Sepúlveda de presuntamente triangular cerca de 1,000 millones de pesos de recursos públicos hacia empresas vinculadas con su entorno familiar. Parte de esos recursos, según los señalamientos, habrían terminado en un despacho ligado al padre del gobernador.
Expediente sin pruebas
El 12 de junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del juicio político en una sesión extraordinaria. Legisladores del PRI, el PAN y una diputada de Morena respaldaron la continuación del proceso. El representante de Movimiento Ciudadano votó en contra.
La denuncia de Morena no solo señala la presunta triangulación de recursos: también apunta a violaciones a la Constitución Federal e inconsistencias en el desarrollo del propio procedimiento legislativo. Ese doble señalamiento —de fondo y de forma— es el sustento jurídico de la controversia constitucional que el Ejecutivo estatal llevó ante la Suprema Corte.
El gobierno estatal difundió que el expediente con el que el Congreso avaló el proceso se integra únicamente por la identificación oficial de la denunciante y recortes de notas periodísticas. El Congreso declaró procedente el juicio político sin aportar ninguna prueba concluyente sobre las conductas irregulares atribuidas al gobernador.
Esa ausencia de elementos probatorios motivó que el gobierno de Nuevo León presentara primero un amparo ante un juez federal y, posteriormente, una controversia constitucional ante la Suprema Corte. El viernes 11 de julio, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León concedió un amparo provisional para frenar la votación del juicio político.
