El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reclama su retorno «por vías legal y política», mientras España recuerda que la Ley de Extranjería obliga a proteger primero el interés superior del menor. El Partido Popular exige al Gobierno identificar a todos los inmigrantes que cruzaron.
Rabat quiere de vuelta a sus menores. El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha exigido este lunes a España que devuelva a los menores marroquíes no acompañados (menas) que permanecen en territorio español tras la entrada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. Lo ha hecho a través del portal ‘Hespress’, donde ha cargado la responsabilidad de la situación de estos niños sobre las autoridades españolas.
Según Ouahbi, Marruecos no va a renunciar a ninguno de sus menores, ni a los que llegaron durante la última avalancha ni a los que llevaban ya tiempo repartidos por distintos centros de acogida en España.
El ministro ha sido claro, su país «no está dispuesto» a dejar a niños, adolescentes y jóvenes marroquíes alejados de sus familias y de su tierra, y ha insistido en que el lugar donde mejor puede garantizarse su futuro es junto a los suyos, en Marruecos.
Marruecos señala a España
El responsable marroquí no se ha limitado a pedir el regreso. También ha señalado directamente a España por las condiciones en las que, a su juicio, viven estos menores en suelo español, y ha reclamado una solución «inmediata» entre ambos gobiernos que resuelva el problema sin dañar la relación bilateral. Según ha explicado, el asunto ya se ha hablado con su homólogo español, con conversaciones centradas en cómo verificar las identidades de los menores y articular las vías legales para devolverlos a sus hogares.
Pero la respuesta de nuestro país no es algo tan sencillo como lo que Marruecos reclama. El Gobierno ya ha trasladado a Rabat que la Ley de Extranjería obliga a tratar a los menores extranjeros no acompañados como un colectivo especialmente vulnerable, lo que implica que cualquier decisión sobre su futuro debe regirse por el interés superior del menor y no puede resolverse con una devolución automática. Antes de cualquier retorno, España está obligada a cumplir una serie de garantías legales pensadas para proteger sus derechos
