En su primer año de funcionamiento, el actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) — integrado por primera vez por nueve ministros elegidos por voto popular— ha enfrentado una serie de polémicas relacionadas con la organización y dirección del tribunal, uso de recursos públicos asignados e incluso el comportamiento de algunos de ellos; publica MILENIO.
Desde la adquisición de un lote de nueve camionetas de lujo blindadas, pasando por el episodio en el que una funcionaria fue captada limpiándole el zapato al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, hasta los encontronazos y debates por la asignación del presupuesto para el 2027 y el relevo en la presidencia.
Algunos de estos episodios generaron una fuerte atención mediática y comentarios en redes sociales que fueron saldados con alguna acción correctiva o posicionamiento de la Corte; mientras que otros siguen en desarrollo, pues atañen a temas de funcionamiento y dirección del máximo tribunal del país.
MILENIO hace un recuento de algunos de estos episodios. En primer lugar, se enlistan los temas relacionados con disputas constitucionales; luego, aquellos que tienen que ver con el uso de recursos públicos; y, finalmente, los temas de conducción de la corte o problemas de imagen.
Disputa por la presidencia de la Corte
Aunque a la presidencia de Hugo Aguilar le resta, por lo menos, un año, el debate y la disputa por quién será la persona ministra que lo releve cobran fuerza conforme avanza el 2026. Todo ello ocasionado por una contradicción que existe en la Constitución.
El problema surge tras la reforma judicial de 2024 que modificó el artículo 94 constitucional para establecer que la presidencia de la SCJN debe renovarse cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos obtenidos en la elección judicial.
Esa regla llevó a Hugo Aguilar a la presidencia porque fue el candidato más votado, con 6 millones 195 mil 612 sufragios. Lenia Batres quedó en segundo lugar, con 5 millones 534 mil 681, y Yasmín Esquivel en tercero, con 4 millones 985 mil 925.
El problema es que el artículo 97 de la Carta Magna conserva simultáneamente la regla anterior: señala que cada cuatro años el pleno debe elegir de entre sus integrantes a quien presidirá la Suprema Corte.
Aunque el Ejecutivo envió en mayo de 2026 una reforma a varias disposiciones judiciales, aprobada por el Legislativo, el tema relacionado con dicha contradicción no fue corregido. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró recientemente que a la propia Corte le tocará resolver ese tema.
En ese contexto, las tensiones dentro del pleno han ido en ascenso. Fuentes de la SCJN confirmaron a MILENIO que la ministra Batres se mantiene firme en su posicionamiento de que es a ella a quien corresponde asumir la presidencia en septiembre de 2027, mientras que otros togados no están convencidos.
Un bloque mayoritario de al menos seis ministros estaría optando por una ruta distinta: votar porque prevalezca la interpretación del artículo 97 y sea el pleno el que elija al sucesor. En ese escenario, las opciones van desde extender la presidencia de Aguilar para que cumpla un periodo de cuatro años o elegir a Yasmín Esquivel como potencial relevo, ya sea en 2027 o en 2029.
Oficialmente, la presidencia de la SCJN ha señalado que aún es pronto para entrar en una disputa de esta naturaleza, pero las conversaciones en torno a ello continúan.
Seguro médico de vuelta: ¿necesidad o privilegio?
Una división similar a la que se registra respecto al relevo en la presidencia de la SCJN también se advierte en otros temas y decisiones.
El más reciente tiene que ver con la postura mayoritaria del pleno de solicitar para 2027 un presupuesto destinado a recontratar el seguro de gastos médicos mayores.
A finales de 2025, la nueva SCJN canceló seguros privados de gastos médicos y, en enero de 2026, Hugo Aguilar firmó con el ISSSTE un convenio para facilitar atención especializada al personal.
Sin embargo, en una sesión privada, realizada el 6 de agosto, seis de los nueve ministros aprobaron incorporar al anteproyecto presupuestal de 2027 la contratación nuevamente de un seguro de gastos médicos mayores con recursos públicos.
El tema trascendió a la esfera pública porque Lenia Batres reveló una carta en la que denunció que esta decisión significaba regresar a los privilegios que la nueva SCJN había prometido eliminar y sostuvo que la prestación contraviene las normas de austeridad.
La Corte defendió institucionalmente el proyecto señalando que el seguro no sería para ministros, sino para el personal del tribunal, con excepción expresa de las nueve personas integrantes del pleno. Sin embargo, en su conferencia matutina, Sheinbaum criticó la propuesta tras considerar que era traer de vuelta privilegios del pasado.
