La Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta aportar 15.6 gigawatts (GW) de los 22 GW de energía limpia que México busca incorporar hacia 2030, mediante proyectos propios y esquemas mixtos de inversión. Sin embargo, durante un encuentro con especialistas del sector energético también surgieron señalamientos sobre los obstáculos presupuestarios, la necesidad de reorientar subsidios y la importancia de facilitar la participación del capital privado.
Los planteamientos se presentaron durante el taller “Energías renovables e inversión en el marco de la estrategia de la Comisión Federal de Electricidad”, organizado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, donde representantes de la empresa pública y del sector privado analizaron las condiciones necesarias para ampliar la generación eléctrica limpia y fortalecer la infraestructura de transmisión.
Francisco Javier Maldonado Ramos, director de Generación de la CFE, informó que la estrategia contempla ampliar la capacidad solar y eólica, incorporar 5 mil 550 megawatts de almacenamiento mediante baterías y desarrollar proyectos hidroeléctricos, de cogeneración, geotermia e hidrógeno verde.
Entre las obras mencionó la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, la hidroeléctrica Chicoasén II y proyectos de cogeneración en Tula, en coordinación con Petróleos Mexicanos.
Durante las discusiones también se plantearon observaciones sobre las condiciones que actualmente enfrenta el desarrollo de energías renovables. Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe, propuso reorientar gradualmente recursos públicos destinados a subsidiar combustibles fósiles hacia proyectos de generación limpia.
Su propuesta consiste en redirigir anualmente 8 por ciento de esos recursos y fortalecer los mecanismos de financiamiento mixto, con garantías ambientales y sociales para quienes participen en las inversiones. La especialista consideró indispensable la intervención del sector privado para alcanzar las metas planteadas.
Por su parte, Eduardo Andrade Iturribarría, director de Burns & McDonnell en México, señaló la necesidad de flexibilizar los mecanismos presupuestarios de la CFE, particularmente mediante autorizaciones y revisiones a mitad de año que permitan acelerar la ejecución de los proyectos.
También planteó que las inversiones privadas deben acompañarse de infraestructura social en las comunidades donde se desarrollen, incluyendo hospitales, escuelas y servicios básicos, al considerar que el respaldo del Estado resulta fundamental para garantizar condiciones adecuadas.
En la segunda mesa de trabajo, dedicada a los esquemas de inversión y financiamiento, Daniel Marroquín García Vallejo, director general de Generación Industrial, explicó que los proyectos mixtos de la CFE contemplan una participación de 54 por ciento para la empresa pública y 46 por ciento para el sector privado.
Detalló que, bajo este mecanismo, la CFE adquiere 70 por ciento de la energía generada mediante contratos de largo plazo, mientras que el 30 por ciento restante puede comercializarse con empresas. Aseguró que el esquema ofrece certidumbre jurídica y financiera, distribuye los riesgos y evita trasladar una carga adicional al presupuesto federal.
Asimismo, destacó la coordinación entre la Secretaría de Energía y la CFE para agilizar permisos y trámites, además de la utilización de herramientas financieras para evaluar los proyectos bajo criterios transparentes y garantizar condiciones equitativas para las empresas participantes.
Eugenio Amador Quijano, director corporativo de Finanzas de la CFE, indicó que la empresa busca diversificar sus fuentes de financiamiento mediante recursos propios y esquemas mixtos, sin incrementar su deuda.
Explicó que 57 por ciento de los recursos necesarios para alcanzar las metas de generación provendría de los proyectos mixtos, mediante los cuales se prevé desarrollar 13.8 GW de capacidad renovable.
La CFE aportaría otros 8.9 GW mediante inversión propia, distribuidos en 1.9 GW de proyectos renovables y 7 GW de generación firme.
Los participantes coincidieron en que la incorporación de energías limpias puede reducir los costos de operación y disminuir la dependencia de combustibles sujetos a la volatilidad de los mercados internacionales.
El encuentro dejó sobre la mesa los principales desafíos de la estrategia energética: garantizar financiamiento, agilizar los procedimientos presupuestarios, fortalecer la infraestructura eléctrica y establecer condiciones que permitan atraer inversión privada sin comprometer la viabilidad financiera de la empresa pública.
