De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional obtenidos por el diario Milenio, las fuerzas de seguridad aseguraron 9.802 de estos dispositivos el año pasado. Esta cifra representa casi el 63% del total de decomisos efectuados entre 2020 y 2025, consolidando una tendencia de expansión acelerada que comenzó en 2022.
El reporte vincula este fenómeno con las disputas territoriales entre grandes organizaciones delictivas mexicanas, específicamente la actividad de los cárteles a lo largo del país. Estos dispositivos caseros han pasado de ser un fenómeno marginal —con apenas tres aseguramientos entre 2020 y 2021— a una herramienta sistemática de combate, con el objetivo de intimidar a la población y obstaculizar los operativos de las distintas fuerzas de seguridad.
Geográficamente, los aseguramientos en los últimos cinco años se concentraron en diez entidades que presentan los niveles más altos de conflictividad armada en México. Sinaloa encabeza la incidencia acumulada, con 5.405 artefactos, seguida de Michoacán, con 4.110, y Nayarit con 1.169 unidades. Otros estados con registros significativos incluyen Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Jalisco.
