Por María Beasain // IAQuemada
Escribió el anarquista Pierre-Joseph Proudhon
“Ser gobernado significa ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, regulado, adoctrinado, sermoneado, controlado, medido, sopesado, censurado, instruido por hombres que no tienen el derecho, los conocimientos ni la virtud necesarios para ello […]. Ser gobernado significa, so pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general, ser puesto a contribuir, registrado, censado, tarificado, sellado, medido, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, amonestado, impedido, reformado, corregido, castigado”.
La profecía decimonónica de Proudhon ha encontrado su perfecta realización inalámbrica en el México de 2026. Bajo el sempiterno y gastado pretexto de la “seguridad nacional”, el Estado mexicano ha decidido que poseer un teléfono celular ya no es un derecho a la conectividad, sino una soga digital con la que cada ciudadano debe atarse el cuello voluntariamente. El nuevo experimento de control social, cobijado por la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es un monumento a la obstinación burocrática y un asalto elegante, pero feroz, a las libertades civiles.
Con la disolución paralela de los órganos garantes de la transparencia, el diseño es redondo: la instancia que ordena y diseña el espionaje es la misma que lo vigila. El Estado se ha librado de la fastidiosa necesidad de rendir cuentas, trasladando la custodia de nuestra intimidad a los proveedores privados, quienes ahora operan bajo los dictados directos de la Presidencia de la República. Es la perfecta definición de poner a la iglesia en manos de Lutero.
Desde el 9 de enero de 2026, el Gobierno Federal ha pretendido que 130 millones de personas desfilen ante las operadoras telefónicas para asociar su identidad civil (CURP o RFC) a una tarjeta SIM. La burocracia, en su infinita soberbia, asumió que el país entero caería rendido ante el decreto antes del verano. Pero la realidad —ese obstinado monstruo— les dio un baño de humildad: la penetración del registro no llegó ni al 50%.
Ante el pánico de un apagón digital autoinfligido que destrozaría la economía, la CRT se inventó una “prórroga escalonada” para los usuarios de prepago. Un calendario que, más que regulación, parece un patíbulo quincenal:
El castigo por no arrodillarse ante el algoritmo es la muerte civil digital: la suspensión del servicio en 72 horas. Tu teléfono solo servirá para llamar al 911 o para escuchar las alertas sísmicas mientras ves cómo tu derecho constitucional a la información se desvanece. Y para las telefónicas, el garrote: multas de hasta 2.27 millones de pesos y penas de prisión de 1 a 4 años para los ejecutivos que osen mantener activa una línea “anónima”.
El marco legal actual es un atropello directo a los Artículos 1º, 2º, 6º y 16 de la Constitución. El acceso a las telecomunicaciones y al internet es un derecho humano universal. Condicionarlo a la entrega de datos identificatorios es una extorsión estatal. Como bien señaló la Suprema Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021: no existe valor constitucional en “controlar y supervisar a los seres humanos” a través de un padrón.
La gota que derramó el ácido de la indignación en este 2026 fue la trampa de la “prueba de vida” facial. Las operadoras, con el visto bueno del gobierno, exigen un video dinámico del rostro para validar el registro remoto. No es una foto; es un escaneo morfológico encubierto.
La justificación oficial de este atropello es que esto frenará la extorsión. Cualquier experto en ciberseguridad sabe que el registro obligatorio es inútil frente a la delincuencia organizada: El 90% de las extorsiones se hacen vía VoIP (Telefonía IP) o VPN, usando números internacionales o apps cifradas que no necesitan un chip verificado por la CRT.
Fomenta el mercado negro de tarjetas SIM pre-activadas con identidades robadas.
Disparará el robo de celulares y el SIM swapping (clonación de chips), convirtiendo a ciudadanos inocentes en los sospechosos perfectos de crímenes que no cometieron.
La hipocresía del diseño es total: mientras la Cámara de Diputados eliminó la “Plataforma Digital de Usuarios” de la Ley del Sistema de Seguridad Pública con 445 votos, dejó intacto el veneno en la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Así, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia pueden hurgar en las bases de datos de las telefónicas privadas sin necesidad de una orden judicial previa.
Y, por si fuera poco, el colapso sistémico se asoma: millones de usuarios desconectados saturarán las redes Wi-Fi públicas para seguir comunicados, exponiendo sus dispositivos a hackeos masivos en entornos abiertos. El remedio del Estado promete ser históricamente más destructivo que la enfermedad.
Mientras la soberbia gubernamental persista en sostener este espejo roto, la recomendación para el ciudadano de a pie es clara: no ceder la intimidad con docilidad. Las leyes de la física y de la Constitución siguen vigentes, y el juicio de amparo indirecto permanece como la última trinchera contra un Estado que, bajo el pretexto de cuidarnos, insiste en vigilarnos, medirnos, censurarnos y castigarnos.
