Por Gerardo Ledezma
Hay despedidas que pretenden cerrar capítulos, pero terminan abriendo más preguntas. Guadalupe Taddei dejó la presidencia del Instituto Nacional Electoral con un mensaje solemne sobre la democracia, la estabilidad y la responsabilidad del Estado mexicano. Habló de sus 33 años de servicio público, de la satisfacción del deber cumplido y de la necesidad de colocar a las instituciones por encima de cualquier interés personal. Suena muy bonito. El problema es que las palabras no sustituyen las explicaciones.
Taddei no precisó en su carta las razones de su renuncia, presentada en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades y cuestionamientos relacionados con proveedores y contratos. No se trata de dar por culpable a nadie antes de que concluyan las investigaciones, pero tampoco de permitir que una salida administrativa se convierta en una cortina para dejar los asuntos sin esclarecer. Si existen elementos que ameritan una revisión, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias, sin importar los años de servicio, los cargos ocupados o las relaciones políticas de los involucrados.
Treinta y tres años en el servicio público pueden ser motivo de orgullo, pero también hacen más necesaria la rendición de cuentas. La democracia no se protege con frases solemnes ni con despedidas cuidadosamente redactadas; se protege con instituciones independientes, decisiones transparentes y funcionarios dispuestos a responder por sus actos. Taddei se va, pero las preguntas no deben irse con ella. Y si hubo favoritismos, contratos cuestionables o decisiones indebidas, corresponde a las autoridades acreditarlo y deslindar responsabilidades.
Y mientras el país intenta entender lo ocurrido en el INE, en San Lázaro se produjo otra decisión que merece una revisión crítica. La mayoría de Morena y sus aliados aprobó la Cuenta Pública Federal 2024, correspondiente al último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 321 votos a favor y 117 en contra. El dato que debería incomodar a cualquier gobierno, sin importar su partido, es que permanecen 65 mil 169.1 millones de pesos en recuperaciones probables o montos pendientes de aclaración.
La Auditoría Superior de la Federación realizó 2 mil 264 auditorías y determinó recuperaciones por 67 mil 174.7 millones de pesos. De esa cantidad, apenas 2 mil 5.6 millones habían sido recuperados. El resto sigue sujeto a aclaraciones o procedimientos. No significa que todo ese dinero haya sido robado, porque las observaciones no equivalen por sí solas a delitos comprobados; significa, sin embargo, que todavía hay una enorme cantidad de recursos públicos cuyo destino debe esclarecerse.
¿Entonces qué están aprobando los diputados? Formalmente, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal. Pero políticamente, la decisión de dar su aval mientras continúa pendiente la aclaración de decenas de miles de millones de pesos exige una explicación mucho más convincente que el simple cumplimiento de un trámite legislativo.
Y aquí aparece la contradicción que Morena debe responder. Durante años, el discurso de la llamada transformación prometió acabar con la corrupción, terminar con los privilegios y garantizar que el dinero del pueblo se utilizara correctamente. Hoy, cuando las auditorías arrojan cifras de esta magnitud, la mayoría legislativa tiene la obligación de demostrar que la lucha contra la corrupción no depende de quién gobierna ni de quién puede resultar políticamente afectado.
Si los recursos corresponden en su mayoría a estados y municipios, como indican las cifras, también deben identificarse los entes responsables, exigir documentos, recuperar lo que proceda y sancionar las irregularidades que se acrediten. No se vale convertir una observación en sentencia anticipada, pero tampoco esconderla debajo de una votación favorable.
La aprobación no cancela las acciones de la Auditoría Superior ni libera automáticamente a los entes fiscalizados. Precisamente por eso, el verdadero examen comienza ahora: hay que conocer quién debe aclarar cada peso, qué plazos tiene para hacerlo y qué consecuencias habrá si no puede justificar el gasto.
Porque aprobar una cuenta pública no significa que todas las cuentas estén claras. Y si Morena presume haber llegado para terminar con los privilegios y la corrupción, no puede conformarse con levantar la mano y dar vuelta a la página. Los 65 mil millones pendientes exigen respuestas, no discursos. El dinero es de los mexicanos y son ellos quienes merecen saber dónde está, quién lo ejerció y quién tendrá que responder si no puede justificarlo.
