El Gobernador del Estado dejó vencer el plazo constitucional de 90 días para presentar al Congreso una propuesta para el cargo de Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, sin que a la fecha se haya cumplido con esta obligación.
Ante este incumplimiento, la diputada local Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, envió un oficio a instituciones bancarias, organismos reguladores, calificadoras de riesgo y autoridades federales para advertir sobre las implicaciones legales de operar sin un titular designado conforme a la Constitución.
El oficio fue remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Auditoría Superior de la Federación, bancos comerciales y de desarrollo con operaciones en el estado, así como a calificadoras como Fitch, Moody’s, S&P Global, HR Ratings y PCR Verum.
En el documento, del cual se citan fragmentos, se establece que el plazo constitucional venció el pasado 1 de abril sin que el Ejecutivo haya presentado la propuesta correspondiente, lo que genera un vacío en la titularidad formal de la Hacienda Pública del Estado.
“El responsable de la Hacienda Pública del Estado es el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, no un Encargado de Despacho”, se señala en el oficio.
La Constitución local establece que dicho cargo requiere un procedimiento especial de designación con aprobación del Congreso, por lo que no puede ser sustituido de manera ordinaria por figuras administrativas sin ese respaldo.
En ese sentido, el documento solicita expresamente a las instituciones financieras:
“Que no se deberán de permitir operaciones financieras que no sean realizadas por un Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, que no haya sido designado por este Congreso del Estado de Nuevo León”.
Y establece que, mientras no exista un titular designado conforme a la Constitución, las operaciones financieras del Estado deberán ser aceptadas únicamente con la firma del Titular del Poder Ejecutivo.
“Las operaciones financieras deberán ser aceptadas únicamente por la firma del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León”, se indica.
El oficio advierte a las autoridades del sistema financiero sobre el marco legal aplicable, así como sobre las implicaciones de validar actos relacionados con la Hacienda Pública sin un responsable formalmente designado conforme a la Constitución.
Con esta acción, Lorena de la Garza, fija una postura institucional sobre la necesidad de que las decisiones financieras del Gobierno estatal se ajusten al marco constitucional vigente, y hace del conocimiento de las autoridades financieras que el Ejecutivo no ha cumplido con su obligación dentro del plazo establecido.
