Por Gerardo Ledezma
Hoy nos dio por jugar a los descubridores. No porque tengamos vocación de detectives, sino porque en Nuevo León hay cosas que aparecen de pronto y despiertan preguntas.
Hace unas tres décadas, el entonces alcalde de Monterrey y posteriormente gobernador, Sócrates Rizzo, colocó un polémico semáforo sobre Morones Prieto, precisamente a la altura de la entrada a la colonia Del Carmen. Aquello generó comentarios y suspicacias. Hoy, frente a esa misma zona, una unidad de seguridad permanece prácticamente de manera permanente. ¿Por qué? Hasta ahora, nadie parece tener una explicación pública.
Pero siempre aparece algún vecino curioso. Y comenzaron las versiones sobre la llegada de un nuevo residente vinculado al gabinete de Samuel García: Miguel Ángel Flores. Hasta ahora, es eso: una versión que requiere confirmación. Lo interesante es que, si existe tal domicilio, ¿por qué tanta reserva? ¿Acaso el muchacho de los caballos podría ser el candidato de MC por Monterrey?
Y mientras en Nuevo León preguntamos por semáforos, patrullas y nuevos vecinos, en Palacio Nacional las preguntas son de otro calibre. Claudia Sheinbaum respondió entre risas a las afirmaciones de la periodista Anabel Hernández sobre un supuesto consumo de marihuana. La presidenta dijo: “Me reí de lo que dijo Anabel Hernández”. Punto.
Nosotros no podemos convertir una acusación en verdad. Pero tampoco las declaraciones públicas desaparecen porque resulten incómodas. Si existen antecedentes, señalamientos y respuestas, corresponde a la sociedad escuchar y sacar sus conclusiones con información comprobable. O de lo contrario, ya ve uno. A Calderón nunca le fue quitada la etiqueta de un Presidente que gustaba del chupe… ahora, no quiero pensar cómo terminaría la President… con “a”, con eso de “Zacatito pa’l conejo”.
Y finalmente, del que se quejaba amargamente Morena de ser el titular del Fonden, ese organismo que ayudaba en las catástrofes en México y que López Obrador quitó… disque por rateros… hoy José María “Chema” Tapia, ahora en Morena, vuelve a aparecer en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad por los adeudos fiscales de una empresa que recibió un contrato millonario de la Sedena durante la pandemia.
Aquí es donde la historia se pone interesante: de acuerdo con los documentos citados por MCCI, el SAT ya había detectado que la empresa no enteró más de 179 millones de pesos de IVA de 2020 y tampoco cubrió 42.6 millones de pesos de ISR correspondientes a 2021. Y no se quedó solamente en el papel: el 21 de abril de 2026, el SAT emitió un mandamiento de ejecución para exigir el pago de esos impuestos, que con actualizaciones, recargos y multas llevaron el monto reclamado a más de 695 millones de pesos.
La empresa, por su parte, aseguró a MCCI que un crédito fiscal de 2020 fue aclarado y dado de baja, mientras que otro correspondiente a 2021 se encuentra sujeto a revisión y aclaración.
Aquí tampoco corresponde dictar sentencia desde una columna. Corresponde preguntar: ¿qué ocurrió con esos recursos?, ¿qué determinó finalmente el SAT?, ¿y por qué alguien que aspira nuevamente a un cargo público termina bajo este tipo de cuestionamientos?
Porque quizá de eso se trata ser descubridores: no de inventar respuestas, sino de no dejar de hacer preguntas.
