Por Gerardo Ledezma
Hay asuntos que no pueden despacharse con una explicación breve ni darse por resueltos con un comunicado. Cuando una autoridad reconoce una omisión, cuando el relevo de una institución electoral despierta dudas y cuando muere uno de los personajes que marcaron la apertura democrática de México, corresponde preguntar quién responde y qué tan sólidas son nuestras instituciones.
El caso de José Lobatón, propietario de Proyectos 9, vuelve a poner bajo la lupa al sistema penitenciario de Nuevo León. El empresario, acusado de presuntos fraudes inmobiliarios, fue trasladado del penal de Apodaca al Hospital Universitario para recibir atención médica. El fiscal Javier Flores Saldívar reconoció que el movimiento no se notificó oportunamente al juez. Según la explicación oficial, Lobatón ya regresó al penal y su situación jurídica no cambió.
Pero aquí comienzan las preguntas que no pueden quedarse sin respuesta: ¿quién ordenó el traslado?, ¿quién lo autorizó?, ¿por qué no se informó al juez y quién debía supervisar el procedimiento? No se trata de cuestionar el derecho de una persona detenida a recibir atención médica, sino de exigir que se cumplan los protocolos y que la ley se aplique sin privilegios.
La Fiscalía ha dicho que no hubo liberación. Bien. Entonces que explique con precisión qué ocurrió y quién fue responsable de la omisión. Si hubo fallas administrativas, deben identificarse; si se incumplieron protocolos, deben aplicarse las sanciones correspondientes. La credibilidad de las instituciones no se sostiene con declaraciones, sino con procedimientos transparentes y consecuencias para quien no cumple con su deber.
El segundo asunto nos lleva a la Cámara de Diputados y al Instituto Nacional Electoral. Ricardo Monreal perfiló que la designación de la nueva presidencia del INE podría concluir alrededor del 6 o 7 de diciembre, siempre que se cumplan los plazos previstos. El relevo representa mucho más que cubrir una vacante: está en juego la confianza en el organismo responsable de organizar las elecciones.
La pregunta no es solamente quién ocupará el cargo, sino con qué independencia ejercerá sus funciones. La designación no puede reducirse a una negociación entre partidos ni a una operación de mayorías legislativas para colocar a alguien cercano a determinados intereses. La autonomía del árbitro electoral debe garantizarse desde el proceso de selección.
La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de transparentar los criterios y demostrar que la elección se realizará con base en los perfiles, no en las cuotas políticas. México se acerca a nuevos procesos electorales y no puede permitirse que la desconfianza hacia el árbitro crezca antes de que comience la competencia. La legitimidad de una elección también se construye desde el nombramiento de quienes deben garantizar las reglas.
Y mientras el país enfrenta estas discusiones, México despide a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las figuras fundamentales de la izquierda mexicana y de la transición democrática. Cárdenas buscó la Presidencia de la República en 1988, 1994 y 2000, pero nunca consiguió llegar a ella. Sin embargo, medir su trayectoria únicamente por esas derrotas sería desconocer su papel en la transformación del sistema político nacional.
Su ruptura con el PRI, el impulso de la Corriente Democrática y la fundación del Partido de la Revolución Democrática en 1989 marcaron una etapa decisiva en la construcción de una oposición con posibilidades reales de disputar el poder. Su elección como primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal por voto popular, en 1997, fue otro hito de aquella apertura. La candidatura de 1988, además, quedó marcada por las denuncias de fraude electoral que cuestionaron la legitimidad de la contienda.
La ironía histórica es que el hombre que contribuyó a abrir el camino para que la izquierda llegara a gobernar el país nunca pudo ocupar la Presidencia. Años después, Morena, fundado por Andrés Manuel López Obrador tras su separación del PRD, alcanzaría ese objetivo. La muerte de Cárdenas invita a preguntarse qué queda de aquella aspiración democrática cuando el poder se convierte en el objetivo principal y qué lugar conservan la pluralidad, la crítica y la autonomía institucional.
