El Gobierno de Nuevo León publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 224, mediante el cual entran en vigor diversas reformas al Código Civil que buscan fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, modernizar disposiciones del Registro Civil, establecer nuevas reglas para la tutela de animales de compañía y reforzar los derechos de los consumidores.
Uno de los cambios más relevantes establece que las personas que deseen contraer matrimonio no podrán estar inscritas en el Registro Nacional o Estatal de Obligaciones Alimentarias, incorporando este requisito como parte del procedimiento para celebrar el enlace civil.
La reforma también define de manera formal la figura del “deudor alimentario moroso”, condición que aplicará a quienes incumplan por más de 60 días naturales con el pago de pensiones alimenticias derivadas de un convenio o de una resolución judicial.
Como parte de las nuevas medidas para garantizar el sustento de los menores, los jueces familiares podrán ordenar el embargo o la disposición de hasta el 10 por ciento de la cuenta individual de ahorro para el retiro (Afore) del deudor alimentario cuando existan supuestos de incumplimiento, desempleo o falta de recursos líquidos que impidan cubrir la obligación.
Además, quienes sean inscritos como deudores alimentarios morosos en el Registro Público de la Propiedad no podrán transmitir, modificar, limitar o extinguir la propiedad o posesión de bienes inmuebles mientras permanezcan en esa condición.
Otra de las modificaciones incorpora por primera vez disposiciones relacionadas con los animales de compañía durante los procesos de divorcio. A partir de ahora, las partes deberán informar sobre la existencia de mascotas y establecer un esquema de tutela que privilegie su bienestar, considerando factores como el entorno donde permanecerán, la disponibilidad de tiempo y los recursos necesarios para su cuidado.
Las reformas también fortalecen la protección de los consumidores al establecer que los proveedores deberán informar de manera clara, precisa y detallada todos los costos, cargos y condiciones de los bienes o servicios que ofrezcan.
Asimismo, cualquier penalización que no haya sido informada previamente o que resulte desproporcionada será considerada nula, con el propósito de brindar mayor transparencia y certeza jurídica a los consumidores en Nuevo León.
Con la entrada en vigor del Decreto 224, el Gobierno estatal busca actualizar el marco jurídico en materias de derecho familiar, protección patrimonial y defensa de los consumidores, incorporando nuevas herramientas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y atender situaciones que anteriormente no estaban previstas de manera expresa en el Código Civil.