Washington, D.C.- Un ciudadano mexicano fue señalado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como el presunto líder de una conspiración para perpetrar un ataque durante un evento celebrado en los jardines de la Casa Blanca, un plan que, según las autoridades estadounidenses, contemplaba el uso de drones con explosivos y francotiradores para provocar un ataque con víctimas masivas y que fue desarticulado antes de su ejecución.
“De acuerdo con información publicada por diversas agencias de noticias estadounidenses, que retomaron datos del FBI y documentos del Departamento de Justicia, el detenido fue identificado como Abraham Hermosillo Álvarez, de 31 años…” quien enfrenta cargos federales por conspiración para cometer homicidio y por planear actos de violencia contra instalaciones protegidas del gobierno estadounidense.
La acusación federal sostiene que Hermosillo Álvarez habría coordinado a otros cuatro presuntos integrantes del grupo para ejecutar el ataque durante el evento denominado “UFC Freedom 250”, realizado el pasado fin de semana en los jardines de la Casa Blanca y al que asistieron el presidente Donald Trump, funcionarios de alto nivel e invitados especiales.
Según la investigación, el supuesto plan consistía en utilizar drones equipados con explosivos para provocar caos entre los asistentes y, una vez iniciada la evacuación, abrir fuego desde posiciones estratégicas con rifles de precisión contra funcionarios considerados “objetivos de alto valor” y contra civiles que intentaran abandonar el lugar.
Los expedientes judiciales indican que el mexicano utilizaba el alias “Shepherd” en una plataforma de mensajería cifrada, desde donde presuntamente dirigía las operaciones del grupo. En las conversaciones recuperadas por los investigadores se describen mapas, posibles rutas de escape, posiciones para francotiradores y la utilización de una antigua iglesia en Nebraska como punto de reunión previo al ataque.
El FBI informó que la investigación comenzó el pasado 10 de junio, luego de que la madre de uno de los involucrados alertara al número de emergencias sobre el comportamiento de su hijo y sus conversaciones con personas radicalizadas. A partir de esa denuncia, agentes federales obtuvieron órdenes judiciales para intervenir comunicaciones, realizar vigilancia y coordinar un operativo que culminó con la captura de los sospechosos antes de que el presunto atentado pudiera llevarse a cabo.
Junto con Hermosillo Álvarez fueron detenidos Tycen Proper, Bryan Omar Roa, Michael Alan Thomas y Daniel Eskridge, quienes enfrentan diversos cargos relacionados con conspiración para cometer homicidio y otros delitos federales.
Durante los cateos realizados por las autoridades fueron asegurados rifles, pistolas, miles de cartuchos útiles, chalecos tácticos, equipos de comunicación, dispositivos electrónicos y diversa evidencia que, según la Fiscalía federal, vincula a los detenidos con la planeación del ataque.
Las investigaciones también alcanzan a por lo menos otras 23 personas que habrían mantenido contacto con los acusados y cuya posible participación continúa bajo análisis por parte de las autoridades federales estadounidenses.
El director del FBI, Kash Patel, destacó que la coordinación entre el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Justicia, el Servicio Secreto y otras agencias permitió neutralizar el supuesto plan antes de que pudiera representar un riesgo para los asistentes al evento.
En caso de ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que incluyen cadena perpetua por los delitos de conspiración para cometer homicidio, además de otros cargos relacionados con terrorismo doméstico y ataques contra instalaciones protegidas.
Hasta la tarde de este jueves, el Gobierno de México no había emitido un posicionamiento oficial respecto a la situación jurídica de Abraham Hermosillo Álvarez ni sobre una eventual asistencia consular. Mientras tanto, el proceso judicial apenas comienza y, conforme al sistema de justicia estadounidense, tanto el mexicano como los demás detenidos mantienen la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal.
