CDMX.- La investigación por huachicol fiscal ya no apunta únicamente a una operación clandestina de combustible. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene bajo investigación una estructura que habría involucrado a funcionarios públicos, empresarios, socios, operadores y empresas legalmente constituidas, con una afectación económica estimada en 340 millones de pesos y nuevas órdenes de aprehensión en proceso.
El expediente tiene como uno de sus principales señalados al excontralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y trasladado a México para enfrentar las acusaciones formuladas en su contra. Su llegada al país representa uno de los capítulos centrales de una investigación que, de acuerdo con la Fiscalía, continúa ampliándose.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que las indagatorias han permitido reconstruir parte del mecanismo mediante el cual presuntamente ingresaban hidrocarburos al país bajo declaraciones que los identificaban como otros productos, con lo que se habría buscado evadir impuestos y posteriormente colocar el combustible en el mercado.
La investigación comenzó a tomar mayor fuerza después del aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tamaulipas, cargado con millones de litros de diésel. A partir de ese operativo, las autoridades siguieron la ruta de los hidrocarburos, las operaciones aduaneras y las empresas que habrían participado en su distribución.
Otro aseguramiento de dimensiones similares ocurrió posteriormente en Ensenada, Baja California, lo que permitió a los investigadores establecer que no se trataba de un hecho aislado.
Según la FGR, el esquema habría utilizado documentación aduanera manipulada, revisiones simuladas y alteraciones en volúmenes y muestras de los productos para facilitar el ingreso del hidrocarburo.
Las investigaciones han identificado operaciones relacionadas con Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México, aunque la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación.
