3 junio, 2026 | 12:56 am

Hasta 10 años de cárcel por manipular resultados deportivos

Ante el avance de las apuestas y los riesgos de corrupción en el ámbito deportivo, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño presentó una iniciativa para endurecer el marco legal y sancionar con hasta 10 años de prisión a quienes alteren de forma deliberada competencias profesionales en México.

La propuesta plantea modificar el Código Penal Federal para incorporar un nuevo apartado enfocado en proteger la integridad del deporte. El proyecto, actualmente en análisis en la Comisión de Justicia, busca tipificar como delito la manipulación de resultados, desarrollo o estadísticas de eventos deportivos con fines de lucro, particularmente vinculados a sistemas de apuestas.

De acuerdo con la iniciativa, quienes incurran en estas prácticas podrían enfrentar penas de entre cuatro y diez años de prisión, además de sanciones económicas y la inhabilitación para desempeñar cargos dentro de instituciones deportivas por un periodo equivalente al de la condena.

El planteamiento también contempla castigos de tres a ocho años de cárcel para quienes utilicen información privilegiada para apostar, sobornen a jugadores, árbitros o entrenadores, o participen en esquemas para ocultar recursos provenientes de apuestas ilegales. Las penas se agravarían cuando las conductas involucren a directivos o propietarios de clubes, o se realicen en torneos de carácter nacional e internacional.

En la exposición de motivos, el legislador advierte que la creciente relación entre el deporte profesional y las casas de apuestas representa una amenaza directa a la credibilidad de las competencias, al abrir la puerta a conflictos de interés y prácticas fraudulentas que afectan tanto al espectáculo como al mercado.

El documento retoma alertas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que desde 2021 ha señalado la falta de legislación específica en México para sancionar este tipo de conductas, lo que facilita su proliferación. En ese sentido, se subraya la urgencia de contar con herramientas legales claras para enfrentar la corrupción en el deporte.

De avanzar en el Congreso, la reforma buscaría cerrar vacíos legales y enviar un mensaje contundente contra la manipulación de partidos, en un intento por salvaguardar la competencia justa y la confianza del público en el deporte profesional.

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