El Instituto Nacional Electoral (INE) alista formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción ocurridos durante la gestión de su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
De acuerdo con información revelada por la revista digital Proceso, la presidenta provisional del órgano electoral, Blanca Cruz García, confirmó que la medida fue acordada por unanimidad por las diez consejerías que conforman el Consejo General, con el objetivo de deslindar responsabilidades sobre contrataciones e irregularidades administrativas.
La decisión de acudir ante la dependencia que encabeza la fiscal general Ernestina Godoy Ramos se suma a los procedimientos que ya mantienen abiertos el Órgano Interno de Control (OIC) del propio instituto y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
¿Hacia quiénes va dirigida la denuncia penal presentada por el INE?
La presidencia provisional del organismo precisó que el recurso legal no está enfocado exclusivamente en una persona, sino en la investigación integral de los hechos:
- Enfoque en hechos probables de delito: El escrito ante la FGR solicitará indagar las posibles conductas ilícitas sin dedicatoria personal explícita, dejando en manos de la fiscalía la identificación de los responsables.
- Alcance a múltiples funcionarios: La indicación del Consejo General es que las indagatorias abarquen a todos los servidores públicos y exservidores señalados por presuntas irregularidades en la administración saliente.
- Coordinación institucional: El proceso penal complementará los trabajos de la ASF y el OIC, cuyos titulares se comprometieron ante la Cámara de Diputados a sancionar las contrataciones presuntamente ilícitas en el INE y en organismos electorales locales.
Revisión de contratos y renuncia de personal allegado a la expresidencia
Tras la renuncia de Guadalupe Taddei entregada a la Cámara de Diputados el pasado 26 de octubre, el Consejo General emprendió una reestructuración interna para auditar la gestión previa:
- Auditoría a contrataciones: Las consejerías electorales ordenaron una revisión exhaustiva de las licitaciones y contratos vigentes otorgados bajo la administración anterior.
- Evaluación de puestos clave: Se analiza el perfil de las personas designadas en áreas estratégicas del instituto durante el periodo de la expresidencia.
- Ola de dimisiones: En los últimos nueve días, 30 funcionarios identificados como allegados a la excomisionada presidenta presentaron sus renuncias formales a la institución.
El Consejo General del INE enfatizó que mantendrá las indagatorias sobre la estructura de mandos y personal cercano a la anterior administración, garantizando al mismo tiempo que los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) no se verán afectados por este proceso de fiscalización institucional.
