La Fiscalía General de la República aseguró haber reunido nuevos testimonios y elementos de prueba que apuntan a que el exgobernador de Guerrero habría ordenado ocultar videograbaciones y otras evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.
La investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa registró uno de sus movimientos más trascendentes desde que ocurrieron los hechos hace casi doce años. La Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien señala como presunto responsable de haber ordenado el ocultamiento de pruebas consideradas esenciales para esclarecer el caso.
De acuerdo con la información presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, las nuevas investigaciones permitieron reconstruir una serie de hechos que, según el Ministerio Público Federal, muestran que desde la estructura del gobierno estatal se habría implementado una operación deliberada para desaparecer evidencias relacionadas con los acontecimientos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
La indagatoria tomó un nuevo rumbo luego de que durante 2026 surgieran testimonios protegidos que aportaron información inédita sobre el manejo de material videográfico captado por las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Según la FGR, dichas cámaras registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaban varios de los estudiantes normalistas, fue interceptado por corporaciones policiacas municipales y estatales.
Durante años, la versión oficial sostuvo que esas imágenes nunca existieron debido a supuestas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia. Sin embargo, las nuevas declaraciones recabadas por la Fiscalía contradicen esa explicación.
Uno de los testigos aseguró que las grabaciones sí fueron obtenidas y posteriormente retiradas para ser entregadas directamente al entonces gobernador, mientras que un segundo colaborador afirmó que Aguirre Rivero habría instruido personalmente a funcionarios de alto nivel desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos registrados alrededor del Palacio de Justicia.
Para la Fiscalía, estos testimonios, sumados a otros actos de investigación, permiten establecer que el ocultamiento del material audiovisual no fue producto de una negligencia administrativa, sino de una acción organizada con el propósito de impedir el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes.
Con base en esos elementos, el Ministerio Público Federal solicitó una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, misma que fue concedida por un juez federal y ejecutada en el Estado de México.
Durante el anuncio oficial, Ernestina Godoy reiteró que la investigación continuará abierta y que la institución mantiene como prioridad conocer el destino de los 43 normalistas y llevar ante los tribunales a todas las personas que hayan participado, tanto en la desaparición de los estudiantes como en cualquier acto de encubrimiento posterior.
La captura de Aguirre Rivero representa un nuevo capítulo dentro del expediente Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos en materia de derechos humanos en México, y coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación de las autoridades que tenían responsabilidades de mando durante aquellos acontecimientos.
El exgobernador, quien dejó el cargo en octubre de 2014 tras la crisis provocada por la desaparición de los estudiantes, se suma ahora a la lista de exfuncionarios procesados dentro de la investigación federal, entre ellos el exprocurador Jesús Murillo Káram y el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Mientras el proceso judicial inicia una nueva etapa, la Fiscalía sostuvo que continuará desarrollando nuevas líneas de investigación con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y responder a una de las mayores exigencias de justicia que mantiene la sociedad mexicana.
