En la madrugada de este domingo, un convoy de cinco vehículos oficiales se desplazaba por la sierra Tarahumara, una vasta zona montañosa del estado mexicano de Chihuahua famosa por su accidentada geografía y la presencia del crimen organizado.
Venían de desmantelar seis sofisticados laboratorios del narco localizados a través de sobrevuelos con drones en un operativo que contó con un centenar de funcionarios, uno de los éxitos más importantes en años de la fiscalía y la policía chihuahuenses.
En una zona de barrancas y bosque, el primero de los autos en la caravana parece haberse accidentado: derrapó, cayó por un barranco y explotó.
Cuatro personas murieron: el director local de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, su escolta, Manuel Méndez, y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) -según revelaron los diarios Washington Post y The New York Times- cuyos nombres no divulgaron.
Tampoco el gobierno de EUA y la CIA han dado a conocer los nombres ni confirmado si los dos hombres trabajaban para la agencia de inteligencia.
Aunque no es la primera vez que ocurre, la muerte de funcionarios estadounidenses en territorio mexicano genera preguntas de gran envergadura: ¿ha México cedido parte de su soberanía al permitir que operen acá? ¿Está Estados Unidos desmantelando laboratorios en México, como quiere Donald Trump? ¿Acaso la «colaboración» que mencionan las autoridades mexicanas es más profunda de lo que suelen admitir?
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, suele negar que las autoridades estadounidenses participen físicamente de los operativos en México.
«Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente», dijo el martes. «Tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional».