Por Gerardo Ledezma
El poder tiene una vieja costumbre: cuando llegan las preguntas incómodas, unos se justifican, otros se victimizan y algunos simplemente cierran filas. México enfrenta hoy tres ejemplos que merecen una reflexión.
Donald Trump ha deportado a más de 980 mil personas desde enero de 2025; alrededor de 400 mil serían mexicanos, según el Migration Policy Institute. Cerca del 20 por ciento de los expulsados tenía una condena por algún delito. La cifra cuestiona el discurso que pretende presentar a todos los deportados como criminales. Pero la responsabilidad no es únicamente de Washington: ¿dónde está la estrategia mexicana para recibir a nuestros connacionales, ofrecerles empleo y facilitarles una reintegración digna? Defenderlos exige algo más que discursos.
En el INE, Guadalupe Taddei rechaza dejar el cargo ante señalamientos de presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo. Nadie debe ser condenado sin pruebas, pero tampoco puede utilizarse la autonomía institucional como escudo contra la rendición de cuentas. Si no hay irregularidades, que los documentos y una investigación independiente lo demuestren. Y si las pruebas acreditan conductas indebidas, deberán asumirse las consecuencias. La credibilidad electoral no se protege descalificando las críticas, sino aclarando las dudas.
En Nuevo León, Morena ya tomó su decisión: Clara Luz Flores se queda como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, según confirmó su dirigente nacional, Ariadna Montiel. El argumento es que las encuestas se realizaron bajo reglas aceptadas por los aspirantes. Sin embargo, anunciar un resultado no equivale a garantizar la unidad. La dirigencia puede ratificar a Clara Luz, pero no decretar que las inconformidades desaparecieron ni que toda la militancia quedó convencida.
