Con el objetivo de combatir una de las prácticas más graves vinculadas a la delincuencia organizada, la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para tipificar el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal Federal y sancionarlo con penas de hasta 30 años de prisión cuando las víctimas sean personas menores de edad.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, plantea incorporar un nuevo capítulo denominado “Reclutamiento Forzado y Utilización de Personas Menores de Edad en Actividades Delictivas”, con el propósito de perseguir de manera específica esta conducta y evitar que continúe siendo procesada mediante figuras legales distintas.
De acuerdo con la iniciativa, cometerá este delito quien, mediante fuerza, violencia física o moral, amenazas, engaños, coacción económica o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, obligue, induzca o incorpore a una persona a una asociación delictiva, pandilla o grupo criminal para participar en actividades ilícitas, labores de vigilancia, logística o cualquier otro servicio relacionado con dichas organizaciones.
Las sanciones previstas van de 15 a 25 años de prisión, además de multas de entre mil y dos mil días. En el caso de víctimas menores de 18 años, las penas aumentarían de 20 a 30 años de cárcel y multas de dos mil a cuatro mil días.
La iniciativa establece además que no será necesario acreditar violencia o engaño cuando se trate de menores de edad, y que el consentimiento otorgado por éstos no podrá ser utilizado para excluir la responsabilidad penal de los reclutadores.
Asimismo, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de instituciones de seguridad, procuración de justicia, sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas. El agravante también aplicaría cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, estén en situación de movilidad humana o tengan alguna discapacidad que limite la comprensión del hecho.
En la exposición de motivos, Aguilar Gil sostiene que el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos en México. Señala que actualmente el Código Penal Federal carece de una figura jurídica específica para sancionar esta conducta, lo que obliga a las autoridades a encuadrarla en delitos como trata de personas, secuestro o corrupción de menores.
La legisladora advierte que esta omisión dificulta el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de protección de la infancia y, en muchos casos, provoca que niñas, niños y adolescentes sean vistos como infractores en lugar de ser reconocidos como víctimas de redes criminales.
Por ello, la propuesta busca establecer una herramienta jurídica que permita prevenir, investigar y sancionar desde su origen el reclutamiento de personas por parte de organizaciones delictivas, especialmente cuando se trate de menores de edad, garantizando que la responsabilidad recaiga en quienes los captan, manipulan y utilizan para fines ilícitos.
Según la diputada petista, la protección legal debe centrarse en perseguir a quienes tienen el poder, los recursos y la capacidad de decisión dentro de las estructuras criminales, y no en criminalizar a las víctimas que son incorporadas a ellas mediante violencia, presión o condiciones de vulnerabilidad.
