Por Valeria Riaño // IAQuemada
La geopolítica rara vez se presenta con la claridad de los mapas. Suele manifestarse como una suma de gestos, declaraciones, operaciones diplomáticas y mensajes cruzados que, observados de manera aislada, parecen episodios coyunturales. Sin embargo, cuando se colocan en secuencia, revelan una arquitectura de poder. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en la relación entre México y Estados Unidos durante 2026.
La publicación de la carta por parte de Andrés Manuel López Obrador desde Palenque no puede leerse únicamente como una intervención política de un expresidente que decide romper su retiro. Su significado es más profundo. Constituye un intento deliberado por fijar el marco interpretativo de una confrontación que el oficialismo percibe ya no como una disputa diplomática ordinaria, sino como una disputa por los márgenes de autonomía del Estado mexicano frente a Washington.
El argumento central es sencillo: si durante el primer mandato de Donald Trump fue posible construir una relación pragmática basada en la interlocución directa y la negociación bilateral, ¿por qué la tensión actual parece haber escalado hasta niveles inéditos? La respuesta que ofrece López Obrador es reveladora porque desplaza la responsabilidad del propio presidente estadounidense hacia los sectores ideológicos que rodean a su administración. Según esta lectura, el problema ya no sería Trump, sino la captura de su entorno por corrientes ultraconservadoras que han convertido la migración, el narcotráfico y la seguridad hemisférica en instrumentos de presión política.
Más allá de compartir o no esa interpretación, lo cierto es que existe evidencia de una modificación sustancial en la estrategia regional de Washington. El llamado “Escudo de las Américas” representa el intento más ambicioso de reorganización de la seguridad continental desde los años posteriores al 11 de septiembre. No se trata únicamente de una alianza contra el narcotráfico. Es una estructura geopolítica diseñada para ordenar lealtades, definir zonas de influencia y establecer mecanismos de cooperación selectiva bajo liderazgo estadounidense. Lo significativo es quiénes quedaron dentro y quiénes quedaron fuera.
México, Brasil y Colombia fueron excluidos del nuevo esquema, mientras gobiernos alineados con la Casa Blanca fueron incorporados a distintos niveles de cooperación. Esa decisión transformó al Escudo en algo más que un instrumento de seguridad: lo convirtió en una herramienta de delimitación política.
En ese contexto adquieren relevancia las respuestas de Claudia Sheinbaum. Su discurso en el Monumento a la Revolución, las referencias constantes a la defensa de la soberanía en la Mañanera del Pueblo y la confrontación pública con declaraciones del embajador Ronald Johnson forman parte de una estrategia que busca nacionalizar el conflicto. La narrativa presidencial consiste en trasladar la discusión desde el terreno técnico de la seguridad hacia el terreno simbólico de la autodeterminación nacional.
La expulsión de agentes estadounidenses involucrados en actividades no autorizadas en Chihuahua, la insistencia en que las operaciones extranjeras tienen límites constitucionales y el rechazo a cualquier forma de intervención directa responden a esa lógica. No se trata únicamente de decisiones administrativas. Son mensajes políticos dirigidos tanto a Washington como a la opinión pública mexicana. Sin embargo, la realidad bilateral contiene una paradoja que el discurso público suele ocultar.
Mientras la retórica soberanista se endurece, la cooperación operativa continúa funcionando. La reunión entre Claudia Sheinbaum y Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, demostró que los canales técnicos permanecen abiertos y, en algunos aspectos, incluso más fluidos que en etapas anteriores. El reconocimiento explícito del funcionario estadounidense a la disposición de cooperación del gobierno mexicano revela que detrás de los desencuentros mediáticos existe una relación institucional que sigue produciendo resultados en materia migratoria y de combate al tráfico ilícito.
Esa dualidad explica buena parte del momento actual. México necesita mantener coordinación con Estados Unidos porque comparte con su vecino una frontera de más de tres mil kilómetros, cadenas productivas profundamente integradas y desafíos comunes en seguridad. Estados Unidos, por su parte, necesita la colaboración mexicana para contener flujos migratorios, combatir redes criminales y sostener la estabilidad económica regional. Ninguna de las dos partes puede permitirse una ruptura real. Por ello, el verdadero debate no gira alrededor de la cooperación, sino alrededor de sus límites.
La preocupación del gobierno mexicano es que las investigaciones judiciales, las sanciones financieras, las restricciones migratorias o las designaciones unilaterales terminen convirtiéndose en mecanismos de influencia política capaces de alterar procesos internos. Desde esa óptica, el caso Rubén Rocha Moya adquiere una dimensión que trasciende a la figura del gobernador sinaloense: se convierte en un símbolo de la disputa sobre quién define la legitimidad de los actores políticos mexicanos. La discusión de fondo es, entonces, mucho más amplia que la coyuntura.
México está ensayando una doctrina de coexistencia asimétrica. Reconoce la imposibilidad de prescindir de Estados Unidos, pero intenta impedir que esa dependencia derive en subordinación. Coopera, pero marca fronteras. Coordina, pero rechaza tutelas. Negocia, pero busca conservar la capacidad de decidir por sí mismo.
La viabilidad de esa estrategia dependerá menos de los discursos que de los resultados. Mientras el Estado mexicano pueda demostrar eficacia en seguridad, migración y gobernabilidad mediante capacidades propias, tendrá argumentos para defender su autonomía. Si fracasa, las presiones externas encontrarán terreno fértil para expandirse. En esa tensión entre cooperación indispensable y soberanía irrenunciable se jugará buena parte de la relación bilateral durante los próximos años. El verdadero desafío para México no consiste en levantar muros discursivos frente a Washington, sino en construir instituciones suficientemente sólidas para que la defensa de la soberanía deje de ser una consigna y se convierta en una capacidad efectiva del Estado.
