La acusación estadounidense contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico ha expuesto el límite de un acuerdo tácito: Washington solicitaba en extradición, México entregaba. Pero, por primera vez, EUA apunta a un cuadro político en funciones del partido gobernante. Esto en plena renegociación del T-MEC. La decisión que tome Claudia Sheinbaum, en cualquier dirección, tendrá un alto coste político.
Los periodistas corren hacia el vehículo. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, va sereno en él y se adelanta a la pregunta antes de que alguien la formule. «Estamos tranquilos; trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada», aseguró el 30 de abril el mandatario del partido Morena (izquierda, oficialista), solo un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, en una acusación formal por narcotráfico, posesión de armas y conspiración con una facción del Cartel de Sinaloa.
Previamente, en entrevista con un medio nacional en Culiacán, Rocha Moya aseguró haber hablado del tema con la presidenta Claudia Sheinbaum y contar con su respaldo, aunque evitó cualquier detalle de la conversación.
—¿Ya platicó con la presidenta? —Sí, ya, no tengo más que decir…
—¿A qué se pueden atribuir, gobernador, esas acusaciones? —No voy a declarar más.
—¿Se estaría reuniendo con la presidenta? —Pues es muy probable.
—¿Hay apoyo de parte de ella? —Sí, claro.
El gobernador aseguró primero que permanecería en el estado. «Trabajando aquí, entrando y saliendo, yendo a desempeñar mi trabajo diario de gobernador». No obstante, el viernes anunció que solicitó “licencia temporal” de su cargo para afrontar la investigación.Junto a Rocha Moya, otros nueve funcionarios y exfuncionarios fueron incluidos en la imputación por delitos de tráfico de drogas y armas. Todos vinculados, según el Departamento de Justicia, a «Los Chapitos», la facción del Cartel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán y que opera en Sinaloa y otras entidades del país. El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y quedó en manos de la jueza Katherine Polk Failla.
«Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos», indicó el Departamento de Justicia en su comunicado. El fiscal federal Jay Clayton, quien encabeza el caso, fue más allá al describir el alcance del entramado: «El Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas». Y añadió: «Como pone de manifiesto la acusación, el Cartel de Sinaloa, y otras organizaciones de tráfico de drogas similares, no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo».
