La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, determinó en un fallo de 61 páginas que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus atribuciones legales al implementar la medida.
Vargas calificó la prohibición como “manifiestamente ilegal” y cuestionó la premisa gubernamental que señalaba a los solicitantes como una “carga económica”.
En el dictamen se destaca que las autoridades estadounidenses instruyeron la denegación sistemática de visados incluso a personas que cumplían con todos los requisitos legales y demostraban probabilidad de autosuficiencia. Según la magistrada, esta instrucción vulneró directamente las normativas vigentes que exigen una evaluación individualizada y detallada para cada caso de solicitud de visado, impidiendo el debido proceso administrativo.
La directiva suspendida, en vigor desde enero pasado, afectaba de manera sustancial a varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
Asimismo, la restricción alcanzaba a ciudadanos de otras regiones del mundo como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
