Ciudad de México.- Las acusaciones sobre el manejo de las finanzas públicas y el costo que la modernización podría representar para los ciudadanos marcaron el debate en el Senado de la República, donde fue aprobada la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Mientras Morena y sus aliados defendieron la digitalización como una herramienta para ampliar la inclusión financiera y agilizar las operaciones comerciales, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre los gastos que podrían enfrentar los pequeños negocios y el riesgo de limitar el uso del efectivo en determinadas actividades.
El proyecto obtuvo 72 votos a favor y 34 en contra en lo general. En la discusión particular, las reservas presentadas por senadores del PAN, PRI y Morena fueron rechazadas, por lo que los artículos quedaron aprobados en los términos del dictamen, con 72 votos a favor y 37 en contra. La propuesta fue remitida al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.
Durante la discusión, el senador panista José Máximo García López acusó al gobierno de haber quebrantado las finanzas públicas mediante el gasto destinado a megaproyectos que calificó como inconclusos y obras sin utilidad. Sostuvo que la expansión de las operaciones digitales podría incrementar la intervención fiscal en las transacciones cotidianas y afectar el dinero disponible para las familias.
La priista Karla Guadalupe Toledo Zamora también cuestionó la iniciativa al advertir que los costos de la transición tecnológica podrían recaer en los pequeños comerciantes, quienes necesitan conexión a internet, terminales de pago y, en muchos casos, cubrir comisiones bancarias. Señaló que estos gastos representan una carga adicional para negocios que operan con márgenes reducidos y que no necesariamente cuentan con recursos para incorporar nuevas herramientas.
Desde Movimiento Ciudadano, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón alertó sobre la posibilidad de que ciertos sectores y actividades queden sujetos exclusivamente a los pagos digitales. Advirtió que quienes carecen de una cuenta bancaria, acceso a internet o conocimientos para utilizar aplicaciones financieras podrían enfrentar dificultades para realizar operaciones básicas, una situación que, dijo, contradice el propósito de la inclusión financiera.
